Luego de transcurridos 13 años de la llamada “Revolución Pingüina” (2006), en el que las movilizaciones de estudiantes secundarios, pusieron en cuestión el sistema educativo chileno, y lograron pasar de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) a la Ley General de Educación, que sólo logró cambios cosméticos en el modelo imperante; llegado 2011, nuevamente la movilización repuso en el debate nacional, los cuestionamientos a la educación municipalizada, hasta lograr la promulgación, en 2017, de la Ley “Nueva Educación Pública” (NEP), que aparece publicada en noviembre de ese mismo año en el Diario Oficial, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

Según la campaña mediática, la NEP venía a terminar con la educación municipalizada impulsada durante la década de los ’80, dando respuesta a las demandas de estudiantes secundarios y universitarios, quienes exigieron “Educación de calidad, gratuita y laica”.

Nace así la ley 21040, que crea el Sistema de Educación Pública; establece la creación de una nueva institucionalidad en educación y regula su funcionamiento. De acuerdo a los objetivos definidos en la ley, se propone impartir: “una educación pública, gratuita y de calidad, laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad, considerando las particularidades locales y regionales , garantizando el ejercicio del derecho a la educación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en todo el territorio nacional.”.

La NEP, según su hoja de ruta, debe transferir los establecimientos educacionales de 345 municipios a 70 Servicios Locales de Educación (SEP) que se deberían crear en todo el país entre los años 2018 y 2025. La primera campana de alerta surgió en las redes sociales, según un posteo en la cuenta de twitter del ministerio de Educación, el plazo se extendería hasta el 2030.

En lo que se relaciona con la Educación Inicial, hasta abril de 2019 (según datos de la Subsecretaria de Educación Parvularia) de un poco más de 3 mil quinientos establecimientos con financiamiento estatal, solo 462 (13,08%) cuentan con el reconocimiento de “Aseguramiento de la Calidad”. De 667 jardines que son administrados por la Junji, sólo el 33,38% cuenta con certificación, en tanto que de los 51 en manos de Integra, ninguno logró la acreditación.

Bajo la actual administración del presidente Sebastián Piñera, hace pocos meses se ingresó un proyecto de ley orientado a la “Equidad Parvularia”, que entre sus medidas más inmediatas tiene el objetivo de aumentar en $77.000 la subvención para jardines particulares subvencionados, con algunas condiciones para acceder a dicha subvención. Entre ellos, contar con el reconocimiento oficial del Estado y condicionar el dinero a la asistencia por cada niño o niña. Además, desde algunas centros de estudios se está proponiendo que para mejorar el proyecto se debe incluir a los centros de la Junji e Integra. Sobre la NEP, y lo que debiera haber impactado en este nivel, hay nada.

Si bien, esta ley supone el cambio estructural más grande en los últimos 20 años, en la educación chilena, desde su promulgación se han creado 4 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). No existe una definición clara sobre la propuesta de la Estrategia Nacional de Educación Pública (ENEP), la que debería haber estado en manos de las Comisiones de Educación en abril pasado. No existe aún el director o directora de Educación Pública (artículo 62 de la NEP). Si no hay director/a ejecutivo/a tampoco se pueden elaborar los Planes Estratégicos Locales, afectando el trabajo en los territorios (Artículo 45). La gestión técnico pedagógica ha quedado en un segundo plano, tema que ni siquiera estuvo presente en la audiencia pública que tuvo el Mineduc frente a las comisiones de Educación del Parlamento, hace poco meses.

La NEP tiene como objetivo desarrollar nuevos modelos con enfoques territoriales para gestionar la administración de escuelas, cuya misión es la formación integral de las/os estudiantes. Hoy, las críticas que recibe el sistema educativo público chileno es que la municipalización es un modelo que tiene su foco en un financiamiento competitivo y se regula bajo políticas que privilegian el lucro, en desmedro de la formación integral de los/as estudiantes.

Como corolario, los integrantes del Consejo Nacional de Educación (CNED) determinaron que los ramos de Historia y Educación Física pasan a ser optativos en el currículum de tercero y cuarto de Enseñanza Media, medida que fue duramente criticada por los rectores de universidades que integran el Cruch. Si se mira con atención la falta de prolijidad para implementar una de las reformas más importantes en materia legislativa, hay una pregunta que queda flotando en el aire: ¿qué tipo de seres humanos se pretende educar para el futuro y bajo qué tipo de proyecto educativo?/p>